Ayer jueves, por unanimidad de votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desecharon la petición de la consejería jurídica de AMLO, quien solicitaba se suspendiera la discusión y eventualmente la aprobación del expediente de inconstitucionalidad que borda el primer paquete del arbitrario “Plan B” del presidente López Obrador.

El presidente Andrés López Obrador, sin dida que es un buen provocados de problemas sociales y genera desestabilización en el buen funcionamiento de las instituciones, lo cual le resulta adecuado a su manera de vivir. Siempre dentro del caos.

A falta de educación académica en la gran mayoría de los legisladores morenistas y aliados, no les importa destruir las instituciones como el Seguro Popular, los fideicomisos o el Conacyt, entre muchos otros. Es más, no saben la importancia de las mismas, desconocen su funcionamiento, solo saben que, al destruirlas habrá más dinero para su guía, quien ofrece “darle buen uso a los recursos públicos” que se embolsa.

El presidente vuelve a controlar la agenda nacional de noticias por medio de discursos o mensajes ociosos de confrontación. Un día es en contra de unos, al otro día es en contra de otros. Le sobra imaginación al “picapleitos” de Palacio Nacional.

La política del “golpeteo” desde la Presidencia de la República, para combatir a los enemigos reales o a los fantasmas, no ha conseguido los objetivos de López Obrador, que no son otra cosa más que pretender desprestigiar a sus oponentes con descalificaciones, mentiras, calumnias, difamaciones y vituperios.

Jazmín Esquivel, Loretta Ortíz y Arturo Zaldivar, dos ministras y un ministro que votan en contra del marco constitucional, todo por complacer al agresivo y violento de la Constitución y sus instituciones: Andrés López Obrador. A pesar de ello, la minoría de ministros perdió la votación.

El pasado viernes el Departamento de Justicia dio a conocer las acusaciones que pesan en aquella nación en contra de 23 narcotraficantes mexicanos, por tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero contenidos, así como de otras 4 personas de nacionalidad china y un guatemalteco.

Para nadie es desconocido el conflicto político que generaron Mario Delgado y Citlalli Hernández, al modificar sus normas internas para prolongar su estancia al frente de la dirigencia nacional y quedarse hasta después del proceso electoral 2023-2024.