El combate a la corrupción fue una de las banderas que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. La adicción al presupuesto público de muchos funcionarios durante el sexenio pasado y casos grotescos

como el de Javier Duarte, en Veracruz, hicieron que la corrupción se convirtiera en uno de los principales problemas a combatir.

López Obrador sin duda fue el candidato abrazó, y ganó, esta bandera. Meade cargaba en sus espaldas el descredito del priismo y Anaya fue acusado de lavado de dinero durante la campaña, acusación que nunca se comprobó. Mientras tanto, AMLO no había sido señalado de utilizar recursos públicos o de haberse enriquecido a costa del erario público. Siempre se mostró como austero y al transparentar sus ingresos, no tenía ninguno. Aunque esto generó muchas interrogantes sobre como vivía sin algún sustento económico, la gran mayoría creyó la retórica anticorrupción.

Se pensó que el combate a la corrupción sería un pilar en este gobierno. Así lo mostraron los datos: el Índice de Transparencia Internacional mostró una reducción en la PERCEPCIÓN de la corrupción en 2019, avanzamos 8 lugares en este indicador de un año para otro. Más recientemente, el INEGI publicó que, nuevamente, la percepción de la corrupción disminuyó en 2019, comparado con 2017. No solo eso, la confianza hacia el gobierno federal creció de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019, es decir, el doble de confianza que al gobierno anterior.

Sin embargo, con los mismos datos del INEGI, la corrupción en realidad aumentó. Por cada 100 mil hab. en México, las personas que experimentaron algún acto de corrupción pasaron de 14,635 en 2017, a 15,732 en 2019, un aumento del 7.5%. Pero la corrupción no aumentó solamente en número de personas, también lo hicieron los costos. En 2017, el costo total de la corrupción fue de 7,781 mdp y el monto ascendió a 12,770 mdp en 2019, un crecimiento del 64%.

Aún con estos datos, no podemos argumentar una relación causal que nos confirme que este gobierno es corrupto, dado que el INEGI mide diversos sectores y todos los niveles de gobierno. Sin embargo, si podemos cuestionar la veracidad de la lucha contra la corrupción y sus pobres resultados.

Sumado a lo anterior, existen otros datos que nos permiten hacer inferencias y dudar sobre la honestidad del Gobierno Federal. Las adjudicaciones directas, un recurso legal de contratación pero opaco y poco transparente, ha aumentado en este gobierno. Actualmente, 3 de cada 4 contratos del gobierno federal se hace bajo este mecanismo cuando fue el mismo AMLO durante campaña que cancelaria esta práctica.

Hoy también sabemos que muchos programas fueron manejados con opacidad, como Fertilizantes o Crédito Ganadero a la Palabra de la SADER por mencionar algunos, generando un daño millonario al erario público y sin algún funcionario público que haya sido castigado.

También existen personajes con dudosa calidad moral, como Manuel Barttlet y familia, quienes siguen obteniendo contratos de cientos de millones de pesos de este gobierno y todavía no pueden explicar el origen de su fortuna. O Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, quien obtuviera concesiones de agua a modo durante varios sexenios, para instalar un megaproyecto de biotecnología en Yucatán, generando un daño incalculable al medio ambiente y el cual fuera financiado a través de diversos subsidios federales. O Ana Gabriela Guevara, una excelente deportista pero pésima funcionaria pública, quien ha estado envuelta en diversos escándalos de corrupción y hoy es acusada por extorsión. Y así podríamos seguir con una lista de actos sospechosos y personajes turbios en lo que lleva esta administración.   

La retórica anticorrupción funcionó en campaña y sigue siendo utilizada para evitar rendir cuentas bajo el pretexto de que “no son iguales”. Ojalá cada vez seamos más los que nos demos cuenta de que realmente nunca estuvieron en contra de la corrupción, solo les molestaba que ellos no fueran sus beneficiarios.

Sígueme en Twitter: @ovalle_omar

AMLO, Morena, Corrupción, PIB, Promesas, Opinión